RECURSOS HÍDRICOS

En 1967, después de la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel declaró que los recursos hídricos de Cisjordania y la Franja eran propiedad del estado israelí. La población palestina tendría que solicitar un permiso al ejército israelí para emprender cualquier proyecto hídrico en su propia tierra.

Según el Artículo 1 (2) del Convenio de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1966, “todos los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de su riqueza y recursos naturales”.

Existen 42 pozos excavados por Israel en Cisjordania; el 80% del agua que proporcionan se suministra a los asentamientos israelíes, el resto va a parar a las comunidades palestinas.

Palestinako Hidrologia Taldearen arabera kolono israeldarrak etengabe ari dira Palestinako ur-iturriak kutsatzen. 215.000 palestinar baino gehiagok ez dute ur edangarririk eta euriaren ura zein ur-iturriak erabili behar dituzte.

La actual división de agua entre Israel y Palestina viola los derechos humanos y la ley internacional para la división del agua compartida entre estados, que se fundamenta en el principio de equidad y uso razonable de los recursos compartidos de agua potable. El artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre La Ley de los Usos no Navegacionales en Aguas Internacionales hace referencia a las necesidades sociales y económicas para el uso de los recursos hídricos, la protección y el desarrollo de los recursos, la conservación y la disponibilidad de alternativas para el uso planificado o existente del agua.

AGRICULTURA SECUESTRADA

El Muro construido por Israel ha allanado y aislado decenas de miles de hectáreas de terrenos agrícolas. Palestinarrak beraien hiri eta herrietan sufritzen dituzten itxialdi militarren ondorioz, ezin dira nekazal lursailetara joan; horregatik, produkzioaren parte handi bat galtzen dute eta beste parte bat ezin dute saldu. De este modo Israel niega a la población palestina el acceso a su propia tierra, contraviene sus derechos de propiedad, además de restringir la libre circulación, violando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Israel es parte desde 1991.

“La estrategia de Israel supone que cuando Palestina sea un Estado Independiente, será inviable por la falta de recursos naturales. Se trata de un genocidio lento, no sólo de apartheid”, declaraciones de James Phillips, abogado irlandés.

La prohibición sobre el libre uso por parte de la población palestina de recursos naturales, forma parte de la política de discriminación sistemática de Israel hacia el pueblo palestino. Esta medida está tipificada como acto constitutivo de delito por la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 18 de julio de 1967, que Israel no ha ratificado pero cuyo contenido le vincula del derecho consuetudinario internacional.